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Preparan manifestaciones para parar la ley antiinmigrante

Phoenix/EFE — El estado de Arizona se puede convertir esta semana en el primero del país en criminalizar la presencia de los inmigrantes indocumentados, por lo que la comunidad hispana prepara manifestaciones y actos de desobediencia civil.

Organizaciones nacionales y locales preparan una movilización a nivel estatal que comenzará el miércoles con una vigilia en varias ciudades, seguida por demostraciones el día jueves en el Capitolio estatal en Phoenix y en el edificio estatal en Tucson.

Se espera la llegada de docenas de personas provenientes de California, quienes se unirán a un movimiento a escala estatal que está pidiendo a la comunidad rechazar la implementación de la SB1070 por medio de actos de desobediencia civil.

«Creo que el miedo y el temor que al principio había entre la comunidad hispana ahora se está convirtiendo en coraje», dijo hoy a Efe Lydia Guzmán, activista de la organización Respect/Respeto en Arizona.

Guzmán afirmó que en Arizona, particularmente en Phoenix, se percibe un clima tenso, que comparó al que se vivió en Los Ángeles en 1992 antes de los violentos disturbios producidos después de que un jurado declarara inocente a cuatro agentes de policía que golpearon al afroamericano Rodney King.

«La gente se está comenzando a cuestionar por qué tienen que vivir escondidos, por qué tienen que agachar la cabeza», expresó la activista.

La ley estatal SB1070, que entrará en vigor el próximo jueves, otorga funciones de agentes de inmigración a los policías locales, quienes podrán cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona que «sospechen» se encuentra de manera ilegal en EE.UU.

Una vez que entre en vigor la nueva regulación en Arizona también será un delito emplear o transportar a un inmigrante indocumentado. La norma también exige que todos los extranjeros porten sus documentos migratorios.
Las esperanzas de muchas familias inmigrantes y de activistas están puestas en la jueza federal Susan Bolton, quien la semana pasada escuchó argumentos de las demandas presentadas por grupos civiles y el Gobierno federal en contra de la implementación de la SB1070.

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