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Inconstitucional, ley contra inmigrantes

Según la llamada «Ley de Alivio por la Inmigración Ilegal», aquellos negocios que emplearan a trabajadores ilegales verían suspendidas sus licencias de operación. Asimismo, quienes les alquilaran viviendas recibirían fuertes sanciones monetarias. En un dictamen de 206 páginas, el juez James Munley aseveró que la ley negaba los derechos constitucionales que se debían garantizar a cualquier persona en Estados Unidos, fuese residente legal o no. El alcalde de Hazleton, Louis Barletta, calificó la decisión de «extraña» y dijo que considerará presentar una apelación porque, según él, el juez protegió los derechos de personas que están en el país de forma ilegal. La demanda fue entablada por la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, por sus siglas en inglés), a nombre de grupos hispanos y de cuatro indocumentados anónimos. Corresponsales indicaron que el dictamen puede sentar un precedente y afectar a decenas de leyes locales similares que esperan aprobación a lo largo y ancho de Estados Unidos. Alegría «Esto es un éxito tremendo, que Dios bendiga al juez que lo hizo», dijo Norah Sándigo, presidenta de la Fraternidad Americana, una organización de apoyo a los inmigrantes con sede en Miami, Florida. Sándigo cree que el juez federal hizo lo correcto porque, a su juicio, el hecho de que existan leyes que restrinjan la contratación de indocumentados «es injusto, contraproducente, ilegal e inhumano». La promotora de los derechos de los inmigrantes está convencida de que el fallo «va a tener un peso enorme y sentará un precedente para seguir ganado puntos en favor de una reforma de las leyes de inmigración». Nora Sándigo también dijo que este jueves le pidieron al comisionado del condado Miami-Dade, en Florida, que autorice la emisión de una tarjeta de identificación para los indocumentados, tal como se hizo esta semana en la ciudad de New Haven, en el estado de Connecticut. El documento permite a los trabajadores sin papeles abrir cuentas bancarias y recibir algunos servicios públicos. Según las autoridades de New Haven, también los alentará a denunciar los delitos de que puedan ser víctimas.

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